La Corte Suprema avaló este martes la autoridad de los tribunales estatales para anular los mapas de distritos electorales que puedan violar las constituciones estatales y su poder para revisar ciertas leyes electorales, un dictamen aplaudido por los activistas que defienden el derecho al voto y la separación de poderes.
Los magistrados fallaron 6-3 en contra de la interpretación que hace el Partido Republicano de Carolina del Norte de una disposición de la Constitución de Estados Unidos llamada cláusula electoral, según quienes otorga a los legisladores estatales amplios poderes para regular los procesos electorales, incluida la redistribución de distritos, sin la injerencia de los tribunales.
Esta idea, que cada vez tiene más adeptos entre las filas conservadoras, es conocida como teoría de la legislatura independiente y defiende que las cortes estatales no pueden revisar las decisiones electorales que toman las legislaturas estatales.
"Una legislatura estatal no puede 'crear distritos congresionales independientemente' de los requisitos impuestos 'por la constitución estatal con respecto a la promulgación de leyes'", escribió el presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts.
El Alto Tribunal sostuvo que la cláusula electoral "no aísla a las legislaturas estatales del ejercicio ordinario de la revisión judicial estatal", pero también apuntó que "las cortes estatales no pueden sobrepasar los límites de la revisión judicial ordinaria hasta el punto de inmiscuirse inconstitucionalmente" en el papel del poder legislativo según la cláusula electoral.
La Corte Suprema no precisó que eso ocurriera en el caso de la decisión del tribunal de Carolina del Norte.
Un mapa excesivamente partidista
El caso llegó al Alto Tribunal después de que la Corte Suprema de Carolina del Norte anulara los nuevos distritos electorales trazados en noviembre de 2021 por los republicanos, que controlan la asamblea legislativa, al considerar que era excesivamente partidista y violaba la Constitución estatal al no reflejar la composición general de los partidos políticos.
El tribunal elaboró un nuevo mapa que dio un empate de 7-7 entre republicanos y demócratas y fue usado en las elecciones de medio término de noviembre de 2022.
Carolina del Norte es uno de los seis estados en los que, en los últimos años, los tribunales estatales han dictaminado que la redistribución de los distritos para el Congreso es demasiado partidista y viola sus Constituciones. Los otros son Florida, Maryland, Nueva York, Ohio y Pennsylvania.
Pero el presidente de la Cámara de Representantes de Carolina de Norte, Timothy Moore, y el resto de la bancada republicana insistían en que la cláusula electoral les otorga la autoridad para decidir cuestiones electorales porque, alegan, garantiza que el proceso electoral a nivel federal “será fijado en cada estado por la Legislatura del mismo".
Durante los argumentos orales en diciembre pasado, seis magistrados de la Corte Suprema, incluidos varios conservadores, ya se mostraron reacios a respaldar la teoría de la legislatura independiente por las repercusiones que podría tener en las leyes electorales del país.
La jueza liberal Elena Kagan indicó que "esta es una teoría con grandes consecuencias", mientras que la conservadora Amy Coney Barrett manifestó que aceptarla dejaría a los jueces con “líneas difíciles de trazar".
"Proteger a los votantes"
Los expertos advertían del peligro de que la Corte Suprema ratificara la teoría de la legislatura independiente, porque abriría la puerta para exigir normas separadas para las elecciones federales y las estatales en la misma papeleta, e impulsar planes para cambiar distritos del Congreso con el fin de fomentar ventajas partidistas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) enfatizó que "los poderes legislativos no pueden ignorar las constituciones a las que deben su propia existencia. No pueden actuar al margen de la ley, sin controles ni contrapesos".
El profesor de Derecho Electoral de la Universidad de California en Irvine, Rick Hasen, dijo que, de ser aceptada, "alteraría radicalmente el poder de los tribunales estatales para frenar a las legislaturas estatales que violan el derecho al voto en las elecciones federales" y "podría neutralizar la capacidad de las cortes estatales para proteger a los votantes".
El abogado Neil Katyal, que representa al grupo de vigilancia del Gobierno Common Cause, subrayó que "la Constitución no concede impunidad a una legislatura estatal por las violaciones de su Constitución estatal simplemente porque la legislación esté relacionada con las elecciones al Congreso".
